Bueno, tras algo más de dos meses, una nueva columna...

 Dada mi tendencia a seguir como mono el acontecer nacional, no puedo sino dedicar estas líneas al tema de la píldora del día después y el fallo del Tribunal Constitucional.

 Antes que me pregunten, creo que el fallo es errado pero debe cumplirse, y que protestar es inútil, pues que yo sepa no hay forma alguna de apelar. ¿Que es antidemocrático? ¡Por supuesto, si el Tribunal Constitucional, guste o no, está para eso! Para que, si en un futuro al gobierno de turno le da por dictar leyes que violen las garantías fundamentales de los ciudadanos - como la agenda corta antidelincuencia, por ejemplo -, haya alguien que pueda mandar a hacer gárgaras a ese gobierno y a la mayoría que lo eligió. Claro que en el caso de la agenda corta nadie va a reclamar, porque aparece a favor de restringir los derechos de los delincuentes siempre trae jugosos réditos, dando la impresión de que los señores políticos saben hacer su trabajo...

 Pero no es eso lo que quería tratar en este espacio.

 Si la memoria no me engaña, cuando el gobierno estableció la repartición de la píldora famosa, hubo unos cuantos alcaldes que, aduciendo razones valóricas, se negaron a repartirla. Evidentemente, esto gatilló una discusión farandulesca en que por un lado el gobierno decía que las municipalidades debían acatar los dictados del Ejecutivo en cuanto a políticas de salud, y por el otro la Iglesia y sectores políticos a ella asociados diciendo que los municipios debían ser considerados autónomos a ese respecto, y que había que respetar las objeciones de conciencia de los ediles.

 El lío de toda la vida: Por un lado el Estado intentando hacer que moros y cristianos se inclinen ante su poderío, y por el otro la Iglesia y sus secuaces aduciendo que las leyes no se les aplican, a menos que las dicten ellos. El clásico cuento de nunca acabar.

 En fin, la vuelta de tuerca vino hace unos días, cuando leí en algún diario que Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal de Chile afirmó que el fallo debía cumplirse por todo el mundo. Evidentemente, pronto salió la versión del gobierno, diciendo que los municipios por ser autónomos no debían acatar el dictado del Tribunal Constitucional.

  Interesante, ¿No? Ambos lados sosteniendo posturas diametralmente opuestas a las que habían manifestado antes de todo este lío. Me pregunto por qué será. ¿Tal vez se dieron cuenta de que antes estaban equivocados? ¿O será simplemente que ahora, para no perder crédito frente a sus fieles (tanto los de la Iglesia como los del gobierno) debían cambiar sus posturas sin hacerse cargo de sus anteriores dichos? No creo sorprender a nadie si digo que la segunda opción me parece mucho más probable.

 Y después se preguntan por qué es que los jóvenes están cada día más despreocupados de la religión y la política...